G.M.J., que se en libertad desde agosto tras cumplir una pena por otro robo, fue dado por muerto por error en la prisión de Asturias el 7 de enero de 2018 y ahora reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una de 50.000 euros por los daños morales y los perjuicios causados , tanto física como psíquicamente, a él y a su familia.

El error se produjo a primera hora de la mañana en el recuento diario de internos, cuando los funcionarios del centro penitenciario encontraron a G.M.J. en la celda 34 del módulo 8 inmóvil y sin señales de respiración.

Ante esta , se avisó a los médicos del Centro Penitenciario, que tras examinarle concluyeron que había fallecido.

Tras comunicarse el fallecimiento al Juzgado de número 1 de Oviedo, que se encontraba en funciones de guardia, fue introducido en una bolsa de de las utilizadas para el de cadáveres y trasladado en un funerario al de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.

Allí, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir sonidos y a moverse, por lo que personal del IMLA abrió la bolsa, encontrándole allí consciente y con dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según su abogado, G.M.J. fue dado por muerto debido a la falta de comprobación «médica y técnica» para confirmar «la realidad del fallecimiento», ya que «un simple electrocardiograma» o una de la función cardíaca hubieran permitido descartar la muerte «de inmediato».

FUENTE: https://www.elmundo.es/espana/2019/03/01/5c78e8a1fdddff846b8b456f.html