Derecho constitucional y administrativo

NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO MIGRATORIO . TUTELA JURÍDICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES (DURÁN BERNARDINO, MANUELA / FERNÁNDEZ AVILÉS, JOSÉ ANTONIO)

La presente obra pretende dar respuesta, desde la perspectiva político-jurídica, al conocimiento del fenómeno migratorio actual en nuestro país, a sus causas y a la necesaria tutela y acompañamiento en los procesos de emigración laboral presentes en nuestro país, esto es, la tutela de la ciudadanía trabajadora española en el exterior. Se trata de un reto global de la sociedad española, dada la situación actual y las expectativas de nuestros mercados de trabajo: se requiere una revisión profunda de los marcos normativos e institucionales que garanticen una adecuada tutela de los derechos sociales de los trabajadores nacionales incursos en procesos emigratorios. En la actualidad, la emigración, ni el resto de formas de movilidad internacional, tienen un marco jurídico-normativo actualizado para dar una respuesta adecuada a la nueva emigración (fundamentalmente de tipo ?económico-laboral?). Por ello, la obra ofrece un conjunto sistemático de investigaciones que profundizan en el análisis crítico de la situación actual y en la búsqueda de propuestas de lege ferenda para la reordenación de los aspectos relativos a la tutela jurídico-social de los trabajadores españoles que emigran (asesoramiento en materia de búsqueda de empleo en otros Estados, acompañamiento en los procesos migratorios, derechos de protección social, política de retorno, entre otros mucho aspectos). El objetivo general de la obra es pertrechar de un análisis de la realidad del fenómeno emigratorio actual, transfiriendo así a las instituciones públicas y al resto de operadores jurídicos las posibilidades de avance en la tutela jurídico-social y las garantías de los derechos de los trabajadores emigrantes.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL . DESVIACIONES NORMATIVAS, JURISPRUDENCIALES Y DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA INDEPENDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL COMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE ÉSTE (MARTÍNEZ MARÍN, ANTONIO)

Este libro evidencia que, frente a las declaraciones constitucionales del Estado democrático de Derecho y de la independencia del Consejo General del Poder Judicial, es un Estado arbitrario. Las desviaciones o perversiones del principio constitucional de la independencia del Gobierno de los jueces y magistrados se demuestran en las leyes, en la jurisprudencia y en los principios eternos del recto poder judicial. Los responsables de esta enfermedad incurable y asfixiante para la sociedad tienen nombres y apellidos: los parlamentarios de los partidos políticos, de modo protagonista los del PSOE y PP; los vocales del Consejo General del Poder Judicial; los magistrados designados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; y las Asociaciones judiciales, especialmente las de la Asociación Profesional de la Magistratura y la de Jueces para la Democracia, vinculadas a las nominadas formaciones políticas. Todos ellos se sostienen, se aforan y benefician de este Estado oligárquico partidista. Los síntomas de esta corrupción del Estado de Derecho son bien conocidos y denunciados por la población; pero su grado de permisibilidad se encuentra más próximo a la impotencia que al del rechazo radical. No obstante, una mitad del colectivo de nuestros jueces y magistrados ha optado por conservar su independencia, a pesar de que esta decisión les haya cercenado su propia carrera profesional. Ellos personalizan la dignidad y la esperanza de un mundo justo; de ahí la causa obligada de la dedicación de esta obra o brindis personal a cada uno de ellos.

DICCIONARIO JURISPRUDENCIAL DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (CHAVES GARCÍA, JOSÉ RAMÓN / GALINDO GIL, MARÍA DOLORES)

El proceso contencioso-administrativo está sembrado de dudas, criterios disgregados y lagunas aparentes que, a menudo, afloran en los litigios y no pocas veces los deciden. Aunque las bases de datos jurisprudenciales y la experiencia ayudan a salir del trance, los abogados, profesores y jueces necesitan identificar fundamentos jurídicos claros, precisos y convincentes. De ahí nace precisamente la necesidad y utilidad de una obra con estructura de voces o términos procesales clave ordenados alfabéticamente, a los que se asocia una una escogida selección de más de ochocientas sentencias que destacan por ser pioneras o por sintetizar criterios consolidados y que conforman un sustrato imprescindible para todo aquél que quiera conocer el entramado del proceso contencioso-administrativo actual. Por el texto desfilan entre otros, esos “duendes” que son la desviación procesal de cuño jurisprudencial, el traicionero cómputo de plazos, la última oportunidad de la nulidad de actuaciones, las sorpresivas cuestiones prejudiciales, la prudente litispendencia junto a la implacable cosa juzgada, el escurridizo fumus boni iuris, los principios procesales de doble uso, las perversiones en la admisibilidad de pruebas, las singularidades de peritos y testigos en lo contencioso, la rebelde discrecionalidad técnica, el inopinado planteamiento de tesis, la tortuosa admisión de recursos, los desafiantes cauces de ejecución de sentencias, criterios sobre costas procesales y un largo etcétera.

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD EN EL SISTEMA ELECTORAL AUTONÓMICO CANARIO . ANÁLISIS DE SU EXPERIENCIA HISTÓRICA EN EL AUTOGOBIERNO (ÁLVAREZ GIL, RAFAEL)

La relación del principio constitucional de proporcionalidad con el sistema electoral autonómico canario es más que controvertida y ha incidido en la conformación del autogobierno en el Archipiélago. Se analiza la jurisprudencia constitucional (y su réplica por la doctrina) en torno al art. 23 de la Constitución (derecho fundamental a la participación política) que el Alto Tribunal ha desplegado en la práctica como un precepto supeditado al art. 14 CE, repercutiendo en los rendimientos de los sistemas electorales autonómicos y en la conformación de los órganos parlamentarios de representatividad (Mesa y Comisiones). Sobre todo, la STC 225/1998 (y el voto particular del magistrado Cruz Villalón) enjuician la constitucionalidad del sistema electoral canario al compás de la reforma del Estatuto de Autonomía y que es provocado, nada más y nada menos, que por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo. Con todo, la jurisprudencia constitucional viene a confirmar a lo largo de todos sus pronunciamientos, uno tras otro, la aceptación de la aparente proporcionalidad de todos los elementos electorales observados (art. 152.1 CE) sin reparar, ni diferenciar siquiera, si se trata de Comunidades Autónomas creadas por la vía del art. 143 CE o por el art. 151 CE; siendo este último el que literalmente le atañe la alusión «con arreglo a un sistema de representación proporcional» (art. 152.1 CE) que, en fin, ha sido uniformizado. Por último, las consecuencias de este andamiaje normativo-electoral en las Islas no son neutras y, de hecho, la ausencia manifiesta de proporcionalidad ha determinado la trayectoria autonómica desde los primeros comicios de 1983. Rafael Álvarez Gil (Las Palmas de Gran Canaria, 1984). Doctor en Derecho. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

REFORMA Y MUTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (JELLINEK, GEORG)

Esta obra, escrita en 1906, se ocupa de la relación del Derecho Constitucional con la realidad política. Observa, en particular, que en ocasiones esa realidad modifica la constitución sin seguir el procedimiento previsto para reformarla. En efecto, muestra cómo las leyes, la interpretación judicial o la práctica parlamentaria o administrativa dan un sentido distinto a sus preceptos, los dejan inoperantes o abren nuevos espacios no previstos en ellos. Advierte de que la necesidad política impone a veces determinadas transformaciones de la Constitución y se fija en la incidencia de la actuación de los partidos políticos en el desarrollo de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, así como en el influjo que ejerce la prensa sobre el conjunto de las instituciones constitucionales. También llama la atención sobre el incremento del poder que los institutos de democracia directa ofrecen al pueblo y la limitación que representa de los poderes del Parlamento, cuya posición por las transformaciones en curso se verá profundamente afectada por el creciente predominio del Gobierno y del pueblo.