Ir al contenidoProtección de consumidores y usuarios
La economía colaborativa ha venido para quedarse. Los modelos económicos en los que las plataformas en línea crean mercados abiertos donde los particulares ofrecen o intercambian servicios vienen marcados por la nota de la desintermediación, lo que a menudo colisiona con los intereses de los operadores tradicionales que desarrollan su actividad en el sector. Hemos de ser conscientes de que los problemas y retos que esta modalidad de intercambios plantea difícilmente pueden ser resueltos a través de los cauces tradicionales de que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Se asiste, en definitiva, al auge de la posesión o de la idea de acceso a los bienes o servicios en detrimento de la propiedad. . La obra se plantea como un intento de reconstrucción sistemática del movimiento colaborativo. Tras un capítulo introductorio en el que se expone la evolución y se delimitan los contornos actuales del fenómeno, se dedican sendos capítulos a profundizar en el régimen aplicable a las plataformas en línea y, a renglón seguido, en el estatuto del prosumidor y en la protección que reciben los usuarios de estos servicios. La obra se cierra con un estudio particularizado de los dos sectores en los que la economía colaborativa ha incidido con mayor empuje, el transporte y el alojamiento. . Si bien se trata inicialmente de una obra de origen académico, va dirigida también a profesionales de los sectores en los que la economía colaborativa tiene una gran implantación. De igual modo puede resultar interesante para el sector público y las asociaciones de consumidores. . Pablo Jarne es Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil en la Universidad de Zaragoza. Cursó sus estudios doctorales en el ámbito de la distribución comercial. Destacan la realización del Máster en Derecho de la distribución y el Diploma de Estudios Superiores Especializados en Derecho económico, ambos en la Universidad de Montpellier, así como su paso por el Consejo de Consumidores y Usuarios de Madrid. Es autor de una veintena de publicaciones principalmente orientadas al ámbito de la distribución, el consumo y las nuevas tecnologías.
El acceso a la vivienda, a través de su adquisición o arriendo, genera a la mayoría de los consumidores unos problemas que les vinculan, muchas veces de por vida, el legislador está obligado a dictar medidas encaminadas a su protección, imponiendo al empresario, profesional del mercado inmobiliario, con el que aquel contrata, obligaciones tanto en la fase de preparación como en la de perfección del contrato con el consumidor. Este último, continúa siendo la parte más débil de la relación de consumo, su protección dependerá en buena medida del contenido de la información sobre la vivienda, que deba facilitarle el empresario, antes de quedar vinculado por el contrato, y de que la publicidad sobre aquella quede integrada en el mismo y obligue al empresario. El contenido de los contratos, sigue presentando una enorme complejidad para el consumidor medio, que muchas veces se ve abocado a su firma sin contar con el debido asesoramiento, sobre todo cuando anticipa cantidades a cuenta, de ahí, que para evitar cláusulas abusivas se establezcan controles. El mercado de vivienda debe ofrecer al consumidor la posibilidad de arrendar como una alternativa en la que quede igualmente protegido, garantizando la seguridad jurídica, y sin mengua alguna de sus derechos.
Derecho del comercio eléctrico es una obra de Derecho positivo y práctica comercial en materia de suministro eléctrico de la Unión Europea, de España y de Inglaterra y Gales, que analiza el grado de desarrollo de sus respectivos procesos de liberalización, respecto de las previsiones comunitarias e identifica el nivel alcanzado en el establecimiento de unos mercados minoristas en libre competencia. A su vez, se aborda, de manera rigurosa y exhaustiva, el grado de protección al consumidor eléctrico que se ha alcanzado en ambas regulaciones. La obra analiza la Estrategia marco de la Unión de la Energía, incluido el paquete Clean Energy for all Europeans de 30 de noviembre de 2016 en el que los consumidores son un pilar imprescindible para lograr los objetivos y desafíos de la Unión de la Energía en la transición hacia una economía hipocarbónica. Pero para ello, la consecución de un mercado interior de la electricidad, aún en fase de construcción, se constituye en la herramienta clave para ofrecer a los consumidores una energía eficiente, sostenible, segura, limpia a un precio asequible y competitivo. Ante este nuevo marco y con los retos ya expuestos, el consumidor debe evolucionar. El consumidor no debe ser un consumidor pasivo sino un consumidor activo, capacitado, comprometido, que participe, que se implique en el desarrollo del mercado, que se beneficie del abaratamiento del precio de la luz, de las nuevas tecnologías y que bajo una visión evolutiva y sistemática debe progresar hacia el consumidor eléctrico digital. En definitiva, es una obra que rinde culto al consumidor eléctrico, que entra a fondo en los mecanismos de protección al consumidor eléctrico, tanto en la normativa del Derecho de consumo general como por la específica normativa de protección afecta al sector eléctrico, sin olvidar las situaciones anómalas que se presentan como la pobreza energética, los colectivos de consumidores vulnerables y los problemas de morosidad, para concluir poniendo de relieve las fortalezas y debilidades de los regímenes institucionales de resolución de discrepancias entre proveedores y consumidores, formulando propuestas de mejora, allí donde cupieran. Por último, la originalidad y consideración de las variadas propuestas y sugerencias de mejora que se presentan en este Libro podrían facilitar el objetivo de un auténtico, por competitivo, mercado único de la electricidad.
La Directiva 2013/11/UE y el Reglamento 524/2013/UE representan la intervención legislativa más importante, en décadas, en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo. Entre sus innovaciones destacan el establecimiento de obligaciones de información que recaen sobre los empresarios, de acreditación y supervisión de las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo a cargo de los Estados miembros, y la definitiva implantación y generalización de la resolución en línea (ODR), llamada a convertirse en el puntal de la efectividad de los derechos de los consumidores en el siglo XXI. La obra, dirigida por Fernando Esteban de la Rosa, y que cuenta con contribuciones de especialistas de España, del resto de Europa, Estados Unidos e Israel, analiza el impacto de la ley española de transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre el sistema actual, pasa revista a algunas de las experiencias positivas en el Derecho comparado y ofrece una panorámica rigurosa de los principales retos a los que ha de hacer frente el régimen de la resolución alternativa y en línea de litigios de consumo en un entorno digital y global.
El modo en el que la LEC 1/2000 ha regulado las acciones colectivas ha generado desde sus inicios importantes dificultades interpretativas, derivadas no sólo de la necesidad de ir reconstruyendo el proceso pieza a pieza -pues no ha creado un proceso especial-, sino también de la falta de precisión del legislador acerca de cuáles son las normas aplicables a los procesos en defensa de los intereses supraindividuales y cuáles las que resultan de aplicación a los procesos en defensa de los intereses individuales homogéneos, lo que dificulta sobremanera su aplicabilidad. Máxime si se tiene presente que tampoco existe claridad a la hora de deslindar las dos categorías de intereses que justifican la iniciación de este tipo de procesos. A la vista de las deficiencias de la regulación vigente, la necesidad de un trabajo que contribuya a la clarificación de la materia y a la búsqueda de soluciones resulta innegable, pues si bien es cierto que se han efectuado algunas aportaciones doctrinales en el transcurso de estos años, no resultan suficientes para una cuestión tan relevante y con tanta proyección de futuro como la que nos ocupa. Además, en los últimos tiempos se han ido visibilizando nuevos problemas derivados de la práctica forense que requieren ser abordados y en los que la doctrina procesalista española aún no se ha detenido.
La presente obra trata los diferentes supuestos de mala praxis médica, así como un detallado análisis de las cuestiones jurídico-sanitarias a las que ?desde la perspectiva del derecho civil, penal y administrativo (o contencioso administrativo)? puede enfrentarse cualquier operador jurídico, especialmente, en momentos de urgencia o en situaciones de guardia. Desde la perspectiva civil se analizan los problemas que generan los internamientos psiquiátricos urgentes y no urgentes; por trastorno de conducta alimentaria; por trastorno de conducta o comportamiento; y los internamientos de las personas mayores en residencias de tercera edad cuando están privadas de razón o sentido. Desde la perspectiva penal se examinan los problemas que de ordinario afectan al Juez de instrucción en funciones de Guardia y, en especial, los que se suscitan ante el mismo y que no suelen ser de su competencia sino de los jueces de lo contencioso administrativo. Y desde la perspectiva administrativa o contencioso administrativa se examinan todas las medidas de control sanitario que pueden adoptarse en relación al individuo, como las inmovilizaciones de personas por riesgo de contagio y la afectación al derecho de reunión, el síndrome de Diógenes, la cesión de cadáveres para la ciencia, las transfusiones de sangre necesarias cuando entran en conflicto con el derecho a la libertad religiosa, las diligencias de intervención corporal, el tratamiento médico forzoso, el sacrificio de animales infecciosos, etc. Por último, a destacar la minuciosa recopilación jurisprudencial sistematizada que se incluye en la obra, así como el vocabulario médico que incorpora, imprescindible para comprender la terminología médica empleada.
En 2014 la consultora PwC estimaba el impacto económico de la economía colaborativa para 2025 en 335.000 millones de dólares. En 2016, esa estimación aumentó a 570.000 millones de dólares. Además, PwC afirmaba que, en Europa, en el año 2015, la economía colaborativa había generado unos ingresos de 4.000 millones de euros y un valor en transacciones de 28.000 millones de euros. Estos datos son solamente una de las muchas justificaciones que han hecho que lo que hoy conocemos como economía colaborativa, economía bajo demanda o, simplemente, economía de plataformas, esté teniendo tanto éxito y atrayendo la atención de profesionales de todo tipo de perfil. En la presente obra el lector se encontrará con una detallada introducción a estos nuevos modelos, a modo de delimitación del marco legal. Del mismo modo, se pone el foco en el análisis de los principales puntos de controversia jurídica que suscita cada uno de ellos: los diferentes sectores verticales de actividad, la fiscalidad, la responsabilidad, la laboralidad, entre otras cuestiones particularmente conflictivas. La confluencia de autores con un perfil marcadamente diferenciado y con varios años de experiencia en el sector, hacen de esta monografía una obra singular que permitirá al lector entender y formarse una opinión informada.
A consecuencia de los devastadores efectos de la crisis financiera provocada por la burbuja inmobiliaria, se destaparon otras operaciones de carácter financiero realizadas por otros actores como fueron las entidades financieras que, llevadas por la ambición de obtener su parte del pastel, comenzaron a ofertar productos financieros de alto riesgo, solo aptos para inversores cualificados, entre los clientes de banca retail. Esta circunstancia ocasionó infinidad de situaciones rocambolescas para el cliente no cualificado quien, llevado también por las alharacas y cantos de sirena de dichas entidades emisoras, incurrió en grandes pérdidas producidas por la crisis económica y con origen en el desconocimiento del producto que estaba contratando. Todo esto ha originado una problemática social que ha desenmascarado la nefasta praxis de las entidades financieras respecto de este tipo de clientes. El desenlace de todo esto se ha traducido en un aluvión de querellas, demandas, reclamaciones, etc., contra bancos y antiguas cajas de ahorro que, movidas por su avaricia y falta de ética, han incumplido todas las normas deontológicas del negocio bancario, costándoles la pérdida, no solo económica, sino de credibilidad en nuestra sociedad.
La 2ª edición que se publica de esta obra, al igual que la primera, pretende ser un referente práctico en el que se examinan las controversias en las que se ven inmersos los consumidores y usuarios cuando contratan con las compañías de suministros, asistencia médica, seguros, transportes o servicios bancarios, por poner solo algunos de los ejemplos en los que se concentra la mayor litigiosidad. También se abordan oros aspectos de especial interés como la regulación de las asociaciones de consumidores, las acciones colectivas de reclamación judicial, la garantía de los productos, las condiciones generales de contratación y las cláusulas abusivas, además de las soluciones a los conflictos entre consumidores y empresas, especialmente a través de los procedimientos establecidos por la instituciones de consumo y el Arbitraje de Consumo. En esta nueva edición, se añaden otros capítulos dedicados a cuestiones interesantes como los derechos de los ciudadanos ante la Administración, la protección de datos y los consumidores o los inquilinos de viviendas y sus derechos, entre otros, introduciendo la más reciente jurisprudencia sobre este tema. Se trata también la legislación española aplicable en esta materia, con especial consideración a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como las diferentes Directivas de la Unión Europea, y la Jurisprudencia más significativa.
En esta obra se analizan los principales focos de conflicto y litigiosidad que afectan a los usuarios del transporte aéreo de pasajeros. Destaca especialmente el tratamiento de la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, la responsabilidad del transportista frente a las incidencias que en la práctica resultan más comunes tales como retrasos, cancelaciones, denegaciones de embarque, deterioros del equipaje y daños a las personas en caso de accidente. Desde la óptica procesal se presta también especial atención a las cuestiones de competencia judicial y ley aplicable. El análisis combina tanto la perspectiva teórica como la jurisprudencial, poniendo igualmente en valor los numerosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de transporte aéreo de pasajeros. Asimismo y, en relación con las numerosas cuestiones jurídicas que resultan controvertidas o dudosas, se ofrecen sólidos argumentos y reflexiones en orden a facilitar al operador jurídico la protección del consumidor en los servicios de transporte aéreo.
La obra aborda la regulación en nuestro ordenamiento jurídico del derecho de desistimiento en la comercialización a distancia de servicios financieros. El derecho de desistimiento se configura como la posibilidad conferida al consumidor de extinguir la relación contractual ya perfeccionada, por su sola voluntad y sin coste alguno, durante un breve periodo de tiempo. La razón de ser de esta facultad se contiene en la normativa protectora del consumidor emanada de la Unión Europea y traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Si bien el derecho de desistimiento se ha regulado en diversas relaciones contractuales -como los contratos a distancia o los contratos realizados fuera del establecimiento mercantil-, es en el ámbito financiero donde ha adquirido un mayor desarrollo, lo que ha permitido incluso su extensión a otras figuras como los créditos al consumo. La obra compagina el estudio exhaustivo de la materia con la visión práctica de su autor, fruto de su dilatada experiencia profesional como letrado de una entidad financiera, abordando exhaustivamente el régimen jurídico de la institución, así como sus antecedentes normativos y ulteriores desarrollos del derecho de desistimiento que han supuesto la mejora de su regulación en algunos aspectos. TEXTO BOLETÍN: La obra supone un estudio integral del derecho de desistimiento en el sector de los servicios financieros a distancia para consumidores, desgranando todos los aspectos de su régimen jurídico, planteando problemas no resueltos por la norma y ofreciendo soluciones a los mismos. Destinado a Abogados especialistas en Derecho de Consumo y/o en Derecho de las Nuevas Tecnologías, así como a las Asesorías Jurídicas de las entidades financieras y los despachos especializados en Derecho financiero y/o bancario.
En 2017 se cumplieron veinticinco años de la aprobación en la Unión Europea de una tutela específica para las figuras de calidad ancladas al territorio aplicables a la práctica totalidad de los productos agroalimentarios. Aunque la preocupación del legislador comunitario por esta materia, limitada eso sí al ámbito vitivinícola, se retrotrae a una etapa anterior coincidente con los albores de la Unión Europea, ha sido a partir de 1992 cuando se inició un proceso de extensión productiva y armonización comunitaria que ha llegado hasta nuestros días. Se justifica así que, con ocasión de esta efeméride, la monografía aborde el estudio de los dos principales instrumentos normativos comunitarios actualmente vigentes en la Unión Europea, atendiendo a las aportaciones de la doctrina científica, así como a las decisiones administrativas y judiciales adoptadas dentro y fuera de España. Así pues, además de examinar los preceptos del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 que han sido dedicados a los títulos de calidad vitivinícolas, analiza también el contenido del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, que los regula de forma horizontal para todos los productos agroalimentarios, a excepción de las bebidas espirituosas y los productos vitivinícolas aromatizados, cuyas indicaciones geográficas encuentran su regulación en sendos regímenes jurídicos específicos que resultan tributarios de la normativa horizontal [Reglamento (CE) núm. 110/2008 y Reglamento (UE) núm. 251/2014].
Todos somos consumidores y en cualquier situación de la vida adquirimos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Este libro, Consumidores y Derecho en Iberoamérica, intenta mostrar en cuatro capítulos y de la forma más homogénea posible los principales temas del consumo en Argentina, Colombia, México y Uruguay. Cada capítulo contiene diez apartados y en conjunto se desarrollan los temas siguientes: naturaleza del derecho del consumo, su evolución, legislación aplicable y principios más generales; concepto de consumidor y derechos básicos; aspectos generales de la contratación con consumidores; condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas; contratos celebrados a distancia y contrato electrónico; contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil; Administración pública y consumidores; asociaciones de consumidores; solución judicial y extrajudicial de conflictos y, finalmente, responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos. . Argentina ha estado a cargo de Mauro Fernando Leturia, Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Doctorando en Ciencias Jurídicas de la misma Universidad. La parte de Colombia fue elaborada por Olga Lucía Alfonso Velásquez, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con estancia posdoctoral en la Universidad de Pavía, quien ha sido profesora de las Universidades del Rosario (Colombia), Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid (España) y actualmente es Procuradora Delegada en la Procuraduría General de la Nación, y Claudia Patricia Tabares Forero, Abogada experta en Derecho constitucional y solución extrajudicial de conflictos, Asesora en la Procuraduría General de la Nación. México fue desarrollado por Gisela María Pérez Fuentes, Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, líder del Cuerpo Académico «Estudios de Derecho Civil», Karla Cantoral Domínguez, Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, integrante del Cuerpo Académico «Estudios de Derecho Civil» y Joselyn Janeth López Capetillo, Doctoranda en Estudios Jurídicos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Finalmente, de Uruguay se han ocupado Carlos de Cores, Director del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho Universidad Católica del Uruguay y profesor de Derecho Privado en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo, Beatriz Venturini, profesora de la Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo y Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno y Marcela Tabakian, profesora de la Universidad de Montevideo.