La presente obra viene a abordar la problemática de la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales, basándose principalmente en la búsqueda de instrumentos jurídicos que permitan de un lado, resolver la problemática de la insolvencia empresarial desde su raíz, y de otro, reducir el impacto de sus efectos, especialmente sobre aquellos que recaen sobre los perjudicados directos, ésto es, los trabajadores. El estudio viene a analizarse la insolvencia empresarial desde una triple perspectiva: (1) Las causas, entre las que se encuentran principalmente la Ley 22/2003 y ulteriores reformas, la escasa responsabilidad de la persona física, el trasvase de competencias del juez social al juez mercantil, el embargo preventivo como medida cautelar, entre otras; (2) Los efectos, entre los que principalmente destacan las consecuencias de carácter negativo sobre las administraciones y organismos públicos (FOGASA, Seguridad Social y Agencia Tributaria), así como aquellos sobre los trabajadores y su economía personal o familiar; y (3) Las propuestas de lege ferenda, destacando entre otras, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aplicación del artículo 257 del código penal en relación con el artículo 307 del mismo texto legal, todo ello a tenor de la frustración de la ejecución que a menudo se produce en el ámbito de la jurisdicción social, monitorio social, la nómina como título ejecutivo, la adquisición de la empresa concursada por parte de los trabajadores, el grupo de empresas, la sucesión de éstas o la vuelta al principio de ejecución separada, entre otras. En definitiva, del proyecto se desprende que desde el comienzo de la mal denominada crisis económica, la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales ha dejado de entenderse como una excepcionalidad para convertirse en la regla general, tema principal a lo largo de la presente investigación y por ende, situación analizada en profundidad a lo largo de un texto verdaderamente transversal, que aborda dicha temática, tanto desde una perspectiva puramente académica como desde el ejercicio práctico de la abogacía.
La investigación se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos y tiene como finalidad desarrollar una postura sobre cómo se debe construir el delito culposo o imprudente y de este modo, observar cómo funcionan los institutos de la imputación en este ámbito y trasladar sus soluciones al problema del delito de blanqueo cometido por imprudencia. Esto se aborda resolviendo o aportando una solución al problema jurisprudencial y doctrinal que se cierne en la base de todos los demás: determinar qué es el delito culposo o imprudente y cómo imputar cuando alguien actúa de manera imprudente introduciendo en el tráfico lícito, aquellos bienes-efectos cuyo origen está en una actividad delictiva. La segunda parte de la investigación consta de tres capítulos y tiene como finalidad genérica lograr la correcta delimitación del ámbito de aplicación entre los delitos de blanqueo de capitales y receptación. Todo como presupuesto para a su vez lograr como finalidad específica, solucionar los grupos de supuestos conocidos como intervención del mulero o phisher mule. Esta tarea se emprende para determinar si los referidos supuestos están incluidos en el ámbito de la estafa informática o si se trata de supuestos concretos de blanqueo de capitales imprudente como habitualmente vienen siendo tratados por el Tribunal Supremo o si, por el contrario, nos encontramos ante supuestos de receptación del art. 298 CP tal y como nosotros sostenemos. Hay que aclarar que, aunque esta haya sido la finalidad metodológica de la segunda parte, los resultados de la investigación no se agotan en la solución de los referidos supuestos, porque se presenta además una solución al problema de la relación sistemática entre blanqueo y receptación, con las consecuencias dogmático-prácticas que de ello deviene.
Abordar el tema de las atenuantes muy cualificadas es irrumpir en un mundo de inseguridades derivadas de su propia indefinición legal. A pesar de su interés práctico como instrumento adecuado de justicia material en la individualización de la pena, empleado con relativa frecuencia por jueces y tribunales a causa de su extraordinaria eficacia degradatoria (rebaja de la pena en uno o dos grados), sus contornos y criterios de estimación no son claros, sólo la jurisprudencia ha emprendido la elaboración de un cuerpo de doctrina ?aún no acabado? sobre esta figura. El presente trabajo, tras abordar de manera sistemática la evolución legislativa de este instituto penal, realiza, por una parte, un análisis de los presupuestos y efectos de su aplicación, y; por otra, examina los criterios acuñados por la práctica judicial en su caracterización y delimitación respecto de las atenuantes ordinarias o simples y, de las eximentes incompletas, con las que si bien comparte el quantum degradatorio, se discute si las distancia su naturaleza y justificación. La presente monografía constituye, pues, el primer tratamiento específico de las atenuantes muy cualificadas y con él se pretende resolver los puntos más controvertidos en su análisis dogmatico y su consideración práctica.
En este trabajo se analiza, las medidas económicas emprendidas por España para afrontar la situación de crisis económica, en particular, los problemas generados por las políticas de austeridad, y, en concreto, por la reforma sanitaria promovida por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. Se estudia la percepción de los profesionales de la sanidad y de la sociedad en general sobre el acceso a los servicios sanitarios por parte de la población inmigrante, el acuerdo con la política sanitaria española, las diferencias en la atención sanitaria a la población nacional y la inmigrante y los aspectos socio-culturales relacionadas con la salud, así como la contribución de la nueva política sanitaria a la consolidación fiscal. Se han utilizado técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis. Por un lado, se realizó un trabajo de campo basado en entrevistas en profundidad semi-estructuradas dirigidas a los profesionales del sector sanitario (sectores médicos, de la enfermería y de la administración, dentro del campo de la sanidad). Por otro lado, se emprendió una encuesta dirigida a la población en general para obtener información de las percepciones sociales de la sociedad civil sobre dicha reforma.