Desde la Revolución de 1959, el Gobierno cubano ha sido acusado de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos y, según Human Rights Watch, una de las causas de su persistencia ha sido la práctica ausencia de consecuencias para los responsables.
La propia organización señalaba que era imposible determinar con exactitud el número de personas asesinadas, encarceladas, torturadas, exiliadas o detenidas injustamente debido, entre otras razones, al secretismo del Gobierno cubano. El historiador Hugh Thomas estimaba que, a comienzos de 1961, el Gobierno había ejecutado probablemente a unas 2.000 personas y que para 1970 la cifra podía haber alcanzado las 5.000.
Human Rights Watch también documentó la falta de mecanismos independientes capaces de investigar y sancionar estos abusos. La organización señalaba que Cuba no permitía una supervisión independiente de sus prisiones y que los mecanismos estatales para denunciar violaciones de derechos humanos carecían de independencia respecto de las autoridades políticas.
El caso del 13 de Marzo
Uno de los episodios documentados es el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, ocurrido el 13 de julio de 1994. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 41 personas murieron y 31 supervivientes vieron vulnerados sus derechos. La Comisión concluyó que el Estado cubano había violado, entre otros, el derecho a la vida.
Human Rights Watch señaló además que, pese a los testimonios sobre la actuación de embarcaciones gubernamentales, no se llevó a cabo una investigación judicial independiente y que los órganos políticos dirigidos por Fidel Castro absolvieron de responsabilidad a los funcionarios implicados.
La ausencia de rendición de cuentas
El problema de la impunidad no se limita a un episodio concreto. Human Rights Watch sostenía que las víctimas de abusos cometidos por funcionarios estatales encontraban enormes dificultades para obtener reparación y que los mecanismos existentes estaban condicionados por la propia estructura política del régimen.
La documentación histórica disponible muestra, por tanto, una cuestión fundamental: no basta con que existan formalmente leyes o mecanismos de denuncia si quienes deben investigar y sancionar los abusos carecen de independencia frente al poder político.
La impunidad permite que las violaciones de derechos humanos permanezcan sin una investigación efectiva, sin reparación para las víctimas y, en muchos casos, sin consecuencias para quienes las cometieron.
Fuente principal: Human Rights Watch, informe sobre Cuba de 1999.